Equipo 1

María Fernanda Pérez Ramos

By 31st diciembre 2019 febrero 11th, 2020 No Comments

María Fernanda Pérez Ramos

Abogada en ejercicio desde el año 1986 especializada en Derecho Público y, en especial, en urbanismo al incorporarme al despacho jurídico creado por Normando Moreno Santana que, desde áquel entonces ya se había erigido como uno de los más brillantes expertos en esta área del derecho, formación que completó con la participación en la redacción y gestión de los Planes de Barrio del Ayuntamiento de Las Palmas de GC.

Desde el año 1990 asume  profesionalmente, como asesora urbanística, la gestión de importantes sectores del desarrollo  de  nuestra Comunidad Autónoma y también interviniendo en gestiones urbanísticas en otras Comunidades Autónomas. Durante los más de 30 años de ejercicio, ha participado en la redacción, tramitación y gestión urbanística de más de 50 actuaciones urbanísticas -gestión de suelos urbanizables, unidades de actuación en suelos urbanos no consolidados así como actuaciones de dotación en suelos urbanos consolidados- incluyendo colaboraciones en la redacción de planeamiento tanto planes generales, como parciales y convenios urbanísticos de ordenación y gestión.

Asimismo, ha asumido la dirección legal de muchísimos procedimientos en la jurisdicción contencioso-administrativo no sólo en el área de urbanismo -planeamiento, gestión e intervención y disciplina- sino también en otros campos del derecho público como expropiaciones, función pública, licitación pública, responsabilidad administrativa, autorizaciones sectoriales o recursos contra actos de Administraciones municipales, insulares, autonómicas y estatales o de cualesquiera Administraciones periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En el año 2006 en unión con Normando Moreno Santana crea el despacho jurídico Moreno, Perez y Asociados y con él colabora en la redacción de la Ley 4/2017 así como en la redacción del Reglamento de Gestión y Ejecución de Planeamiento aprobado mediante Decreto 183/2018 que entró en vigor el pasado 9 de febrero de 2019.